El plan energético del gobierno federal 2012-2018
Han sido liberados dos de los principales instrumentos estatales para orientar nuestro futuro: el primero, el inicio de la consulta popular para elaborar el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 y, el segundo, la Estrategia Nacional de Energía 2012-2026.
El Plan no es sólo un simple ejercicio técnico. Aunque tiene su metodología, sus procesos de análisis y sus herramientas de construcción, se trata también de un evento político, económico y social.
Desde el punto de vista político, el Plan comporta una instancia de decisión al más alto nivel, en la que intervienen con sus planteamientos los principales actores del país y los ciudadanos. Pero la nota característica del Plan es el señalamiento de temas específicos de una agenda pública que determina prioridades, orientaciones en cada rubro de la administración pública y objetivos con sus estrategias. En su conjunto, se trata de una visión que del país tiene un gobierno en particular, perspectiva que contrasta con otras posiciones del pasado y con las de otras fuerzas políticas en la actualidad.
El principal instrumento del Plan es el gasto público y su correlativo presupuesto de ingresos. Por eso se dice que el presupuesto expresa en términos económicos una visión política de gobierno. Por eso el alcance de cada Plan está en los recursos que pueda aportar el gobierno vía impuestos al desarrollo, mediante una estrategia de financiamiento, compuesta por un paquete fiscal y por unos recursos que satisfagan los requerimientos presupuestales del sector público en su conjunto en el largo plazo. Todo esto confluye, en suma, en la capacidad transformadora del gasto público y en la incidencia de la política fiscal sobre los ingresos de las personas, tanto físicas como morales.
La parte social es la más importante en términos de desarrollo del país y tiene que ver con las medidas que se toman para aliviar las necesidades de ciertos sectores de población con menores ingresos, brindar asistencia, sostener políticas públicas de bienestar como educación, salud, vivienda, servicios básicos y urbanos, así como mantener todo un sistema de bienestar que permita elevar la capacidad de decisión individual y colectiva de las personas.
Con base en estos tres ejes que articula el Plan se mueve todo un aparato público federal que tiene influencias poderosísimas en los estados, en los municipios, en las localdades y pueblos y en todos los factores de poder. Es todo un andamiaje articulado en torno a una noción de Estado y alrededor de estrategias de inserción internacional. Y dad la coyuntura actual, el Plan se combina con una estrategia para poner en marcha una reforma energética.
La Estrategia Nacional de Energía es un documento que describe la visión y el diseño conceptual de lo que se quiere hacer con el sector enegético en los próximos 15 años. Se trata de que hacia 2026 el país cuente con una oferta de energéticos diversificada, suficiente, continua, de lata calidad y a precios competitivos.
Para lograr esta oferta es necesario que sea maximizado el valor económico de los recursos naturales, que se asimilen y desarrollen tecnologías, que se promueva el desarrollo de mercados nacionales y se participe con éxito en mercados internacionales y que a la población puede brindársele el acceso a los insumos energéticos.
Los ejes de la estrategia son tres: la seguridad energética, que permita la continuidad del sector, satisfaga las necesidades de la población, asegure su infraestructura y desarrolle las capacidades humanas y tecnológicas; la eficiencia económica y productiva, a fin de disminuir costos y gaantiar una oferta suficiente, y la sustentabilidad ambiental, a efecto de disminuir el impacto ambiental asociado a la producción y consumo de energía.
Aunque el sector energético cubre los campos de energía eléctrica y petróleo, el que traerá la mayor discusión en el país es Pemex y la forma de desarrollar a la empresa estatal con o sin participación del secgtor privado, la llamada “privatización”. En este aspecto están enfrentadas al menos tres posiciones. Una primera posición de colaboracionismo institucional, caracterizada por la confluencia y coincidencia entre el PRI y el PAN en cuanto a la nececidad de abrir Pemex al capital privado, sin que esto signifique privatizar a la paraestatal.
Una segunda posición nacionalista es la de defensa de la soberanía energética, bajo la cual sería posible que el capital privado participara en áreas específicas, periféricas, sin que intervenga en otras consideradas estratégicas como la explotación y la industrial. Sin embargo, hay que recordar que ya Pemex tiene diversas inversiones con participación de capital privado vía contratos específicos para la realización de proyectos detonadores. Un ejemplo de ello es la flota de camiones de transporte que es financiada con recursos privados.
La tercera posición es de defensa de la soberanía energética a ultranza, bajo el argumento de que el gobierno federal, por medio de la estrategia aludida y mediante modificaciones jurídicas y reformas administrativas, busca entregar Pemex a los Estados Unidos y a las empresas transnacionales, dando vuelta en los hechos a la expropiación efectuada por el presidente Lázaro cárdenas. Bajo esta perspectiva, México busca producir más para vender el petróleo a los Estados Unidos y son las transnacionales estadounidenses las que llevarían a cabo este proceso.
La planeación y la estrategia energética confluyen así en una etapa en la que la visión del país que queremos, se juega en medio de cuatro movimientos. La incorporación a la estrategia de cambio nacional de las principales fuerzas políticas del país, iniciada con el Pacto por México, continuada con las reformas laboral y educativa, y culminadas en una primera fase con la detención de Elba Esther Gordillo.
Un segundo movimiento, que tiene que ver con la continuidad de un paquete de medidas de política económica que se cursan actualmente, que buscan consolidar la fortaleza macroeconómica del país, sobre todo cuando se le compara con otras realidades en Europa y los Estados Unidos, y que deberá traducirse en una profunda reforma hacendaria, base de sustento del Plan Nacional de Desarrollo 2012-2018.
El tercer movimiento se encuentra en la urgencia de atemperar los efectos de una sociedad de desiguales que produce, entre otras consecuencias, zonas de alta pobreza y esquemas de inseguridad que han terminado en convertirse en focos de alerta, como las comunidades armadas, bajo las cuales se mueven intereses no siempre legales.
Finalmente, el inicio de una discusión nacional de gran envergadura acerca de qué hacer con Pemex y cómo lograr que produzca más y asegure a los mexicanos el acceso a los insumos energéticos.
